El municipio libre frente a los neoporfirístas.

Del municipio se dicen muchas cosas, pero poco se debate el fondo de sus problemas, más en la capital del país, en la cual se desconocen las condiciones en las cuales se gobierna a la mayor parte de los mexicanos. Hoy, cualquier cambio democrático de importancia, debe incluir en primer lugar al municipio.

El país fue a la Revolución, entre otras banderas, por la del Municipio Libre. En el Porfiriato los jefes políticos eran designados por el gobernador, gobernaban el municipio que era cabecera de sus distritos y se imponían al resto de los presidentes municipales, que eran funcionarios sin poder que debían ponerse a las ordenes de estos caciques que controlaban formalmente desde la fuerza pública y las elecciones, hasta la salud y la estadística en sus distritos. Por supuesto, fueron el instrumento de la represión.

Este centralismo provenía de la época colonial, el despotismo español le había ganado la partida a las ciudades y, en la guerra civil en las cual éstas se rebelaron para defender sus derechos, la rebelión de las comunidades, las ciudades españolas perdieron. Numerosos funcionarios, que eran funcionarios reales y partidarios del rey vinieron a México con esta “experiencia” y además se importó el sistema formal del absolutismo de España.

El problema se profundizó con la Constitución de Cádiz, de 1812, que creó estos jefes políticos, cuyo nombre aún subsiste en algunos países de nuestra América y se volvió insoportable durante el Porfiriato, hasta que se abolió el nombre y la función, y se creó y se inscribió el principio del municipio libre en el artículo 115 de la Constitución mexicana que, entre otras ideas, plantea las funciones y atribuciones del municipio, pero establece que no debe de existir ninguna autoridad intermedia entre el municipio y el gobierno del estado.

Con la revolución se acabaron los jefes políticos y la sociedad progresó económica y socialmente, pero surgieron los hombres fuertes, caudillos militares primero y luego sus descendientes (de sangre o de mando), que continuaron con esta bella tradición; con sus consabidos desplantes y arbitrariedades que incluían asesinatos y abusos de diversa índole. El sistema se perfeccionó con la institucionalización, que centralizó este poder y lo hizo civil, por la muerte natural o desnaturalizada de los jefes militares originales, y el surgimiento de una nueva clase política, menos comprometida con el cambio, igual de abusiva y más pacífica.

Nuevas reformas, muchas de ellas recientes, profundizan lo propuesto en la Constitución, aclarando y otorgando atribuciones, proponiendo una naturaleza colectiva del ayuntamiento antes que el principado del presidente municipal, pero, si el artículo 115 constitucional plantea nuestras aspiraciones en el ámbito municipal, habrá que decir que las reformas están muy lejos de la realidad de los nuevos porfirístas.

En Hidalgo, por ejemplo, tenemos a los coordinadores regionales. Figuras que violando el artículo 115 son intermediarios entre el poder municipal y el estatal. Nadie sonríe cuando se afirma que ellos son representantes de ese poder estatal, como nadie disculparía la broma en el caso de los jefes políticos del Porfiriato. Estos coordinadores operan en un distrito, envían informes diarios al gobierno del estado, uno técnico y otro político, controlan los programas sociales, y avalan y deciden las obras que se realizan en los municipios al controlar la planeación del presupuesto, que ejerce el gobierno del estado y del que carecen los municipios.

Por ello, son un instrumento de control. La nueva moda es que el PRI extraiga de entre las filas de los coordinadores regionales a sus cuadros distritales más relevantes. Tal es su control, que hacen que los presidentes municipales propongan lo que ellos ya decidieron. Al controlar los programas sociales y los padrones, hacen acto de presencia en su entrega y son los operadores en la compra del voto.

El invento ha tenido éxito, presidentes municipales dicen que se han convertido en firmantes, sólo para eso se les requiere, y la agenda del ayuntamiento la fija el coordinador regional y en última instancia el gobernador. No es el único elemento que va en ese sentido, la Ley de Asentamientos Humanos del estado expropió la facultad de los municipios de regular su territorio, y hasta los pagos por la creación de nuevos fraccionamientos los cobra el gobierno del estado.

Como todo producto de éxito, se ha convertido en un producto de exportación, y los operadores priístas del Estado de México, que han recibido la asesoría de sus homólogos del estado de Hidalgo, crearon los gabinetes regionales, a través de los cuales controlan programas, despensas y obra pública. Fueron eficaces en esta última elección a gobernador, como lo han sido en Hidalgo, y se convirtieron en el caballo de batalla para la compra del voto y el control político.

Pero no está en el resultado electoral la peor de las consecuencias de esta creación, que posibilita postular candidatos a la presidencia municipal con poco perfil, sino en los efectos a largo plazo en la administración pública municipal. Esta política desarma a las burocracias municipales y las conduce a un nivel que no se corresponde con las inversiones que ocurren en el municipio.

Las obras más costosas son proyectadas y ejecutadas por el gobierno del estado y sólo participan formalmente las alcaldías, con lo cual éstas no sólo no realizan obras, sino que tampoco educando y permiten que se formen los funcionarios necesarios para tomar ellos en sus manos la obra municipal y sus programas. Cada metro de cemento, fortalece al estado y subdesarrolla al municipio. Ni las ciudades más importantes del estado han podido sustraerse de este problema, así las obras de distribuidores viales, introducción de servicios subterráneos y de rescate de los centros históricos se deciden e implementan por el gobierno del estado. Por supuesto, los funcionarios estatales tienen menos interés que los locales y menos cuidado con los detalles y la necesidad de satisfacer a ciudadanos que no los eligieron porque fueron designados por el gobernador.

El municipio surgió en Grecia, y allí se le denominó Demos. Por lo que en el principio de la democracia estuvo el municipio. Es el orden de gobierno más cercano a la gente y como mexicanos debemos terminar con una tendencia autoritaria de siglos, tal vez recuperar las formas de decisión comunitaria para enriquecerlo, pero ciertamente se debe de acotar el excesivo poder que hoy descansa en los gobernadores y en sus jefes políticos (ya se llame gabinete o coordinador regional).

El Congreso Federal debe sentir la urgencia de reformar el artículo 115, para que se pare en seco las aspiraciones de los nuevos porfirístas, y se recupere el principio del municipio libre que ha faltado concretar plenamente.


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