Seguridad e inequidad

La justicia en México siempre será de primera, no existe para los más pobres.
Jorge Lira Flores

1.- Igualdad en el reclamo, desigualdad en el fondo.

La inseguridad es de las pocas demandas que une a ricos y pobres, pero que refleja las desigualdades de la sociedad. En el reclamo acaban las similitudes entre ambos grupos. El problema puede ser visto desde la óptica de la fuente de la inseguridad, de su persecución, y de los perseguidos.

Para la clase dominante la ruptura de la legalidad no le es ajena, forma parte de la cotidianidad sobre la que navega encima de los otros. Para los trabajadores es una situación distinta. Cuando una comunidad ve amenazada su reproducción, esto es su capacidad de por lo menos permanecer en las mismas condiciones en las que se encuentra, surge la protesta y la delincuencia. La primera es una manifestación colectiva y conciente, la segunda comienza como una manifestación individual fruto de la desesperación.

II.- La desigualdad por la igualdad

La desigualdad puede provenir de la igualdad. De hecho, de tratar como iguales a quienes son fundamentalmente desiguales. La ley no hace distingos entre ricos y pobres, cierto, pero por esa razón no reconoce los recursos distintos que individualmente pueden emplear en su defensa unos y otros. Las clases dominantes tiene mayor ventaja frente a la ley, dos factores son fundamentales para ello:

1) Oportunismo
El cual deriva del “mundo” en el que viven unos y otros. Las clases dominantes se conocen entre sí, son menos y practican la solidaridad entre ellos. Por eso un pasado común: escuela, trabajo o familia, les permite conocer a sus iguales e intervenir a su favor. Si no conocen “alguien”, conocen otro que sí. Por otro lado, si la defensa mejora con la educación, y ésta es más fácil de acceder con el ingreso los ricos o la compran o la adquirieron ellos mismos.

2) Recursos
Tocqueville señalaba en La democracia en América que el sistema de fianzas garantizaba la impunidad del rico y la cárcel del pobre. Por medio de este sistema se garantiza legalmente la libertad del inculpado por medio de un pago. Por supuesto, son quienes cuentan con mayores recursos quienes pueden contar con el dinero suficiente para pagar el daño ante un mismo delito. A pesar de que la Ley establece la adecuación de la fianza a los recursos del inculpado, este ajuste sólo ocurre mayormente por la presión de los interesados y no la acción de quienes imparten justicia.

III.- Aquí si se practica la igualdad.

La persecución de la delincuencia es riesgosa, va en juego la vida en las más de las ocasiones por un salario de subsistencia. Por eso, en tiempos de crisis se requieren más fuerzas para reprimir la delincuencia originada por la pobreza, pero es precisamente la pobreza la que proporciona los individuos necesitados, duros y violentos necesarios para enfrentar a los delincuentes. Paul Vanderwood, en su libro Orden y desorden, plantea como antes de la Revolución los policías se convertían en ladrones y viceversa. La razón para cambiar de bando era simplemente la rentabilidad, ya que ambos, policía y delincuente, tienen una misma comunidad de origen y toman decisiones en forma similar. Lo que el autor también señala implícitamente es que, en ese ambiente prerrevolucionario, la delincuencia es el factor más significativo para medir la disposición de una sociedad a utilizar la violencia.

IV.- Abusos y costumbres.

En una sociedad en crisis, los primeros en resentirla son los miembros de la clase trabajadora, el endurecimiento de la policía, tanto en aquellos que optan por la delincuencia, como en aquellos que optan por la protesta, sólo puede profundizar las diferencias entre unos y otros. Sin futuro, mientras no se organiza la sociedad, los individuos desesperados rompen la norma que ya no garantiza su supervivencia y reproducción. El desorden esta ahí, la delincuencia es otra manifestación. Pero la delincuencia persigue fines personales, y no reconoce pobres y ricos, sin embargo, los primeros, los necesitados, no cuentan con la protección de la fuerza policíaca y el poder judicial. Los robos a los trabajadores, de menor cuantía en forma absoluta, golpean, a veces definitivamente, la vida de los trabajadores. Por eso el reclamo de inseguridad es tan importante para pobres y ricos, pero los primeros son difícilmente escuchados.

Marcos Souberville, secretario de seguridad del estado de Hidalgo, murió asesinado. Antes de morir se podían observar los retenes en la Huasteca, de soldados y policías y en el resto de las carreteras del estado de policías. Muerto, se retiraron los policías. Durante 2 meses no se nombró a su sucesor y el sentimiento generalizado es de que se abandonó la plaza. Por eso, una ley que deposita toda la coordinación de seguridad en el gobierno del estado abre muchas interrogantes, porque los asesinatos, levantones y el descubrimiento del refugio del rey Sambada nos indican que la delincuencia organizada ya esta aquí, tal vez siempre lo estuvo, pero ahora desafía al estado y la policía se hace a un lado. Que no se haga costumbre.

Tal vez el gobierno estatal no deba perseguir las bandas que infringen las leyes federales, pero si debe de acotar su actuación en el ámbito de su competencia, esto es, no enfrentarlos, no perseguirlos por los delitos contra la salud, pero si ser capaces de derrotarlos cuando los desafían.

V.- Desigualdad en el estado

En San Juanico, la comunidad de Ixmiquilpan tomada por 1100 elementos de la PFP, que rescataban 2 policías retenidos por las frecuentes extorsiones de las que se acusa a dicha policía, las cosas no pueden ser más desiguales. Primero se formó una policía comunitaria, ante la ola de delincuencia esa es una necesidad, porque el estado no esta presente en las comunidades. Huye mientras los habitantes quedan a merced de los delincuentes.

En la comunidad ocurrieron 3 homicidios, luego hubo 2 desaparecidos. Se reunieron con una autoridad y esta les dijo que “los muertos ya están”, mejor “les conseguimos láminas y block”.

Hubo un atropellado, se le dejo ir. Entonces hubo otro, se fue al Ministerio público, estaba cerrado, porque así permaneció por más de una semana con la intención de presionar a José Manuel Zúñiga. Fueron a Actopan, llegó la ministerio y observó, el que debe ser defensor del pueblo: “esta difícil, consiganse un abogado”. La comunidad retuvo entonces al que atropelló y mató, un menor. Durante todo el tiempo el estado no estuvo presente, después, detuvo a 32 ciudadanos de San Juanico porque no estaban de acuerdo con las medidas que tomaron por su ausencia, y se presentan no en pequeñas cantidades, como requiriera la comunidad en su momento, sino con más de mil elementos a invadir, ese es el término, y destruir. Arrojaron un tractor a una zanja, entraron a la casa de migrantes que viven en los Estado Unidos y ni enterados del problema estaban. Abrieron y sacaron ropa de los muebles, destruyeron enseres y detuvieron ciudadanos de otras comunidades y que iban pasando.

El estado deja la plaza a los narcotraficantes y pisotea o abandona a las comunidades, ¿para qué se quiere una coordinación estatal así? Que no se haga costumbre, el desorden puede preceder la necesidad de un nuevo orden.