Contar con los pobres no es lo mismo que contar pobres.

Nadie, que recorra comunidades, barrios y colonias, o permanezca unas horas en los hospitales y centros de salud puede dudar de la gravedad de la pobreza de nuestro pueblo. Su intensidad es tal que no permite que un gran numero de nuestros compatriotas coman adecuadamente o que tengan casa.

Por eso la pregunta es ¿Qué hacer?

De fondo la pobreza tiene su origen en la falta de justicia y desarrollo, y esta sólo acabará cuando los trabajadores y las desposeídos tengan salario y empleo, casi 30 años de privilegiar a los muy ricos por gobiernos priístas y panistas son el origen de esta situación, y el país sólo cambiará cuando tengamos un nuevo tipo de gobierno cercano a la gente.

El problema económico lo trataremos en ese punto, pero en relación con los programas de contención, los paliativos que moderan la pobreza, necesarios en tanto no tengamos una sociedad justa, es preciso discutir y cambiar su orientación en el Congreso Federal.

Los programas de atención a la población pobre tiene como objeto mejorar las condiciones generales de las familias, para que estas cubran la brecha de alimentación y necesidades básicas que les permitan trabajar y desarrollar sus actividades diarias adecuadamente, en tanto no cambiemos esta sociedad estos programas deberán de existir.

El problema es que su administración es costosa, burocrática, muchas veces inhumana y las más se utiliza como moneda de cambio frente a los ciudadanos, la mayoría de los funcionarios ven estos programas como una forma de comprar voluntades y con ello perpetúan la marginación y no permiten organizarse a las comunidades y barrios.

Así, por ejemplo, se habla de focalizar, de centrar los recursos en los más pobres, lo cual es correcto, pero se falla en las comunidades rurales, indígenas o no, con poblaciones menores a 2500 habitantes, sin caminos, ni servicios ni empleos bien remunerados, en las cuales se elaboran padrones costosos para poblaciones donde prácticamente todos son pobres y seria más fácilmente aplicar los recursos en forma general y no partir estas poblaciones, entre los que tienen la gracia de acceder a una despensa, una beca o un apoyo y los que no. Situación preocupante en comunidades que tradicionalmente han vivido unidas y son separadas ahora por la aplicación de recursos que no los van a sacar de la pobreza pero que si rompen con su organización.

En estas comunidades los apoyos deben ser generales y se debe de llevar a cabo públicamente y a través de las autoridades comunitarias, excepto cuando, al igual que sucede con las actuales autoridades, se desvíen de sus fines. Sin embargo, a este nivel, la evaluación pública de un programa garantiza fortalecer la organización interna en lugar de su rompimiento, más transparencia y lo que ahora no se tiene, la auditoria por parte de los propios beneficiarios.

En los centros urbanos como Pachuca y Mineral de la Reforma el crecimiento de la población es el crecimiento del número de pobres. En Pachuca, los barrios altos están marginados al igual que varias de las comunidades rurales que están siendo absorbidas por la ciudad y las colonias de ciudadanos sin casa que son explotados y se les chantajea por sus necesidades a cambio de apoyo político. En algunos de ellos hasta el 75 por ciento de la población esta por debajo de la línea de pobreza. Para ellos el procedimiento, al igual que en las comunidades, implica numerosas horas de espera. Esto debe cambiar, desde el Congreso Federal se deben discutir la naturaleza, la orientación de estos programas y su aplicación. Debe ser un procedimiento más humano, sencillo, transparente, con evaluación pública de los propios beneficiarios y verificación aleatoria. Los programas para paliar la pobreza deben permitir un mayor bienestar, organización, democracia y fortalecer, antes que menguar la dignidad de sus beneficiarios.

En días recientes el gobernador del estado mostró sus dudas sobre el tamaño de la pobreza en Hidalgo y descalificó al organismo encargado de medir el número de pobres. En Hidalgo, aquellos que no son pobres ni son vulnerables, esto es que cuentan con vivienda digna, alimentación adecuada, servicios y seguridad social son apenas 13 de cada 100 habitantes, el resto no están bien, carecen de servicios y 50 de cada 100 hidalguenses ni el CONEVAL encontró duda en calificarlos como pobres. Estos se encuentran también en Pachuca y Mineral de la Reforma (32.3 y 22.5 por ciento respectivamente). Andando el estado, ante el impacto de la pobreza existente, si hubiera duda, esta sería ¿Por qué no se reporta más?

100 de cada 100 hidalguenses debemos preocuparnos por la necesidad, el hambre y la miseria. Ya se contaron, podrá diferir un poco el número, pero se precisa solucionar de fondo y humanizar los programas de atención a la pobreza. Contamos con la buena fe de todos, incluido el gobernador, pero debemos contar con el malestar de los pobres para que estos se manifiesten y cambien las cosas.

Hidalgo necesita una revolución pacífica, ya los pobres han puesto demasiados muertos.

mapadelarazon.blogspot.com
En Twitter: mapadelarazon
Facebook: Tonatiuh Herrera
Apoyándome están compañeros en Facebook :Jóvenes con Tona y otra página de Tonatiuh Herrera

Manos arriba (1 de 2)

El Congreso Local aprobó, sin quitar punto o coma, la Ley de Egresos y el paquete económico. Existían numerosas razones para que diputados de todas las fracciones votaran en contra. La primera es, a confesión de los diputados del PRD, que no habían tenido más que unos pocos días antes la documentación y esta se presentó incompleta.

Luego ¿Qué votaron? ¿Entendieron algo? ¿Cuánto tiempo estudiaron estos asuntos? ¿Por qué permitieron se les mantuviera al margen de todo el proceso?

En esta relación el ejecutivo le falta al respeto al legislativo y este último muestra la incapacidad de sus integrantes para lucir una independencia comparable con la de los diputados en el Congreso Federal.

No sólo debemos cuidar los datos oficiales, nos enteramos, por el titular de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), José Alejandro Villarreal Gasca, que los estados esconden sus pasivos, los cuales contabiliza en más de 50,000 millones de pesos de los reportados a Hacienda, deuda que además es de corto plazo.

En todo caso la deuda de los estados, según la propia SHCP se duplicó del 2007 a este año, y otro presidente, el de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, reveló que la deuda del estado de Hidalgo creció en estos últimos 10 años a números cerrados 1200 por ciento.

Este fenómeno se repitió sin atención por parte de la opinión pública en varios estados hasta que el caso Coahuila, cualquiera que sean los fines de quienes lo dieron a conocer, lo pone en primera plana y causa la renuncia del presidente nacional del PRI y exgobernador del estado norteño.

La contratación de deuda es un instrumento a disposición de los gobiernos y como tal no puede ser calificada hasta que se analiza los términos en que se contrato y sus fines. A pesar de las carreras, en este caso, existen a disposición del ciudadano común un gran número de elementos que le permiten formar su opinión:

1.- Hoy, la deuda de todos los estados y municipios representa el 2.7 por ciento del PIB y se señala no sólo el tamaño y el ritmo del crecimiento respecto a los ingresos fiscales ordinarios (que en el caso del estado de Hidalgo es del 8 contra el 5 por ciento) sino el destino que se le da a esos recursos como uno de los motivos de preocupación de las autoridades federales.

2.- El problema de la deuda de la refinería de Tula comenzó mal cuando el gobierno federal propuso una suerte competencia para que los estados buscaran ganar la construcción de una instalación aún cuando en numerosas ocasiones no había querido tomar nota de su importancia. En lugar de decidir y financiar el total de la inversión, incluyendo el costo de los terrenos en los cuales se instalará PEMEX, se sentó a ver cual era la oferta de los estados, los cuales mordieron y se comprometieron a ofrecer el terreno. Desde sus inicios varios señalaron que ese era un compromiso que el gobierno Federal debía asumir, sin embargo, el gobierno estatal y los diputados aceptaron este arreglo y hoy se pretende lo que debió ser desde el inició: que el gobierno federal asuma la deuda.

3.- En el caso del estado de Hidalgo se hizo esto realidad a través del contrato de un crédito a un 2 por ciento mayor que la tasa de interés de referencia (TIIE), mientras que otro crédito contratado por el propio gobierno del estado de Hidalgo lo fue sólo a un 0.14 por ciento mayor que la TIIE.

4.- Que mejor ocasión que la discusión del paquete económico para limitar el uso partidario que se le da al gasto público en nuestro estado, sin embargo, las Coordinaciones Regionales, que violan el principio del Municipio Libre, contenido en el artículo 115 constitucional, permanecen intocadas.

5.- Los diputados de oposición, como el común del ciudadano hidalguense, conoce este último problema, sin que nadie tenga que convencerlos de ello: Para llegar a su curul se enfrentaron a la compra del voto.

Presunto funcionario

1. Esta semana, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Damián Canales, anunció su desacuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y afirmó que no va cumplir con ella.
2. La actitud, el medio y el eco que tuvo en quienes se han vuelto caja de resonancia de todo lo que se hace mal y de mala fe en el estado es motivo de preocupación y no puede pasarse por alto.
3. El motivo de la recomendación es señalar la clara violación de los derechos humanos por la práctica, común a las corporaciones policiacas de México, de mostrar a los probables responsables de un delito.
4. En su defensa, así podría llamarle algún despistado, el Señor Secretario argumentó:
1. La recomendación no era válida porque tenía 4 firmas y no 5.
2. Los probables responsables son en realidad delincuentes, porque ya han sido señalados como tales y porque, perla que lamentablemente no puede comentar Raúl Prieto: “afirmar lo contrario implicaría que todas las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal, absolutamente nada tienen que ver con el hecho que se les imputa”.
3. La presentación “en nada cambiaría la sentencia de un juzgador”.


5. El primer argumento, formal, intenta explicar porque no cumplirá con la resolución de la CDHEH, recurre a la Ley, por lo menos a la Ley Orgánica de la Comisión, para evadir responder porque no cumple con la Ley.
6. La razón por la cual no debe evadir el Secretario de Seguridad la discusión del fondo de la recomendación la proporciona el mismo en su segundo argumento. Los abogados dirían: A confesión de parte, relevo de pruebas. En efecto, en su argumentación el Secretario ha puesto de manifiesto el problema claramente cuando ha considerado como culpable a quienes sólo pueden serlo. Sus palabras no pueden tener otro significado, el ya ha condenado.
7. Toma para sí funciones que no le corresponden más que al juez. Por supuesto que la Policía se equivoca y se podrían dar ejemplos hasta el cansancio, como en este caso que tiene más de exabrupto que de actuación institucional y confunde lo personal con sus funciones como servidor público. Debería ser humilde, o por lo menos más realista.
8. Otros que se equivocan recurrentemente, sobre todo por la carga de trabajo que la nación les ha encomendado, son los jueces, decir que en nada influiría en ellos el efecto de la opinión pública no toma en consideración que estos son humanos, que como todos son sujetos de presiones y la liberación de un personaje que ya ha sido condenado por sus semejantes pero que en realidad no es culpable es también una presión para el juez. Algunos se sostienen en su convicción y trabajo, otros no.
9. Los medios no son, contrario a lo que afirma el secretario, “el principal medio para que la ciudadanía recobre la confianza en las corporaciones policiacas”, esta sólo se recobra con su actuación.
   

   Por supuesto que los medios pueden y deben investigar lo que importa a la sociedad y los actos delictivos son de su interés. Darán su opinión, investigarán, deberían de tener un ojo sobre la policía y los jueces, pero ese es el trabajo de los medios, no del Secretario de Seguridad que debe velar por los intereses de todos los ciudadanos y, aunque no fuera a influir en la opinión del juzgador, debería cuidar la integridad de aquellos que todavía no son juzgados y que pueden ser inocentes.

10. Preocupa también que el funcionario Canales prometa no tratar ya más estos temas en los medios ¿En donde lo hará? Entonces, si puede mostrar como culpable a quien no ha sido sentenciado pero no hablar de ello. Por otro lado está confundido, la Comisión de Derechos Humanos no es una dependencia más, ni se “cuelga del trabajo de otras”, vigila que esas otras no violen nuestros derechos y su fuerza es moral, esto es reside en la calidad de lo que se dice y de quien lo dice y por supuesto en que hace pública sus recomendaciones. Los conflictos laborales de la Comisión si han sido motivo de cuestionamiento, pero estas críticas sin sentido del Secretario no.
11. El Secretario tiene problemas no sólo con el lenguaje sino con la lógica. Desde los antiguos griegos se ha planteado que un enunciado universal se falsea con uno particular, y que uno particular se falsea con uno universal.

    Esto es, si uno dice: Todos los funcionarios públicos son ineficientes, basta con presentar uno eficaz para mostrar que lo que se dice es mentira.

    En cambio, cuando se dice: Existe por lo menos un funcionario público ineficiente, se tiene que mostrar que todos los funcionarios son eficientes para poder decir que lo afirmado es mentira.
    
    Lo que Damián Canales quiso decir es un misterio, no pretendo dilucidar algo tan difícil. Pero si analizamos lo que dijo, esto parece reducirse a lo siguiente: Todos los probables responsables tienen que ver con el delito que se les imputa.

La tarea que el Señor Secretario deja al lector es encontrar ese ciudadano injustamente sentenciado (o mostrado como tal ante los medios). En este México tan violento, los encargados de combatir a los delincuentes frecuentemente violan la Ley. Les debemos aplaudir cuando actúan adecuadamente, combatirlos cuando ellos mismos se convierten en delincuentes y, cuando dicen disparates, señalárselos.